Aborto inducido en Colombia: nuevas estimaciones y cambios de 1989 a 2008

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Abstract / Summary
Contexto

Si bien en 2006 la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto inducido bajo circunstancias selectas, ningún estudio en el país ha examinado si la incidencia del procedimiento ha cambiado con respecto a la única estimación nacional previa, la del 1989.

Métodos

Los datos sobre el número de mujeres tratadas por complicaciones de aborto se obtuvieron con base en una encuesta representativa a nivel nacional aplicada en 300 instituciones públicas y privadas de salud. Las estimaciones sobre la probabilidad de que las mujeres que tienen un aborto sufran complicaciones y reciban tratamiento en una institución, se obtuvieron de una encuesta aplicada a 102 profesionales con amplios conocimientos sobre el tema. Se utilizaron técnicas de estimación indirecta para calcular medidas nacionales y regionales de aborto para 2008, mismas que se compararon con estimaciones para 1989. También se calcularon tasas de embarazos no planeados y distribuciones porcentuales de embarazos según su planeación y resolución.

Resultados

Se estima que en 2008, unas 93,300 mujeres recibieron tratamiento por complicaciones derivadas de abortos inducidos en instituciones públicas y privadas de salud. En ese año, se realizaron unos 400,400 abortos estimados, lo que se traduce en una tasa de 39 por 1,000 mujeres de 15–44 años, un ligero aumento con respecto a 1989 (36 por 1,000). Las tasas variaron ampliamente entre regiones, de 18 abortos por 1,000 mujeres en la región Oriental a 66 por 1,000 en Bogotá. Pese a la decisión de la Corte, se realizaron en 2008 solamente 322 abortos legales (Interrupciones Voluntarias del Embarazo, o IVE). Entre 1989 y 2008, la proporción de embarazos que terminó en abortos inducidos aumentó del 22% al 29%; y la proporción de embarazos que fueron no planeados aumentó del 52% al 67%.

Conclusión

Es necesario mejorar la prestación y el acceso a los servicios anticonceptivos y de IVE, con el fin de responder a la creciente demanda que tienen las mujeres y parejas para la prevención del embarazo no planeado y para la prevención del aborto inseguro.