Injected with Controversy: Sales and Administration of Injectable Contraceptives in Uganda

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Abstract / Summary
Contexto

En muchos países pobres, las droguerías informales constituyen la primera línea de atención a la salud. En Uganda, estos lugares comúnmente venden y aplican el anticonceptivo inyectable acetato de medroxiprogesterona de depósito (DMPA según sus siglas en inglés), aun cuando están prohibido por ley vender medicamentos inyectables. Es importante comprender las prácticas actuales de quienes operan estos comercios de medicamentos y su potencial para proporcionar DMPA a poblaciones de difícil acceso.

Métodos

Entre noviembre de 2007 y enero de 2008, se identificaron 157 droguerías en tres distritos rurales de Uganda, y se aplicó una encuesta a los encargados de 124 de esos comercios que vendían DMPA. Los datos fueron analizados con métodos descriptivos.

Resultados

Solamente 35% de los encargados informaron que el comercio en el que trabajaban tenía una licencia de farmacia; y otro 9% informó que se trataba de una clínica privada; todos afirmaron tener alguna acreditación en enfermería, partería u otra especialidad médica o de salud. Noventa y seis por ciento aplicaba DMPA en el punto de venta. Los encargados distribuían un promedio de 10 inyecciones (incluidas tres de DMPA) por semana. Cuarenta y tres por ciento de quienes aplicaban DMPA informaron que desechaban las jeringas usadas en contenedores de objetos filosos. En los 12 meses anteriores, 24% había tenido una herida producida por aguja y 17% había tenido un paciente con un absceso relacionado con la inyección. Once por ciento dijo haber reutilizado alguna vez una jeringa desechable. En general, el conocimiento sobre anticoncepción era bajo y las actitudes hacia la planificación familiar reflejaban prejuicios tradicionales comunes.

Conclusión

La provisión de DMPA es común en comercios rurales, pero necesita hacerse más segura. En ausencia de una regulación más enérgica y de acreditación, los encargados de las droguerías informales pueden ser capacitados como prestadores comunitarios (quienes pueden aplicar inyecciones de manera legal) para ayudar a satisfacer la extensa demanda insatisfecha de planificación familiar en las áreas rurales.