En el marco del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994, los gobiernos nacionales se comprometieron a abordar las graves consecuencias del aborto inseguro como un problema de salud pública muy importante. El Programa de Acción estableció además que el acceso a servicios y tratamientos de calidad para las complicaciones derivadas del aborto era fundamental para abordar la mortalidad y la morbilidad maternas prevenibles. Treinta años después, las últimas estimaciones de Guttmacher siguen mostrando una alta prevalencia de abortos inseguros en todos los PIBM. De los 57 millones de embarazos que terminaron en aborto en 128 PIBM en 2024, más de la mitad fueron inseguros, lo que provocó que millones de mujeres* necesitaran atención postaborto por complicaciones derivadas de procedimientos inseguros.
Quienes desean interrumpir su embarazo podrían recurrir a métodos de aborto inseguros cuando se enfrentan a obstáculos para acceder a una atención que sea segura, legal, oportuna, geográficamente accesible, asequible, respetuosa, no discriminatoria y libre de estigmatización. La evidencia demuestra además que las mujeres en situaciones marginadas, como las que viven en la pobreza, en contextos humanitarios, con discapacidad o en zonas rurales, corren el mayor riesgo si se someten a un aborto inseguro, ya que tienen pocas opciones para acceder a un tratamiento si lo necesitan debido a complicaciones derivadas de un aborto inseguro. Estos obstáculos suelen ser el resultado de decisiones políticas deliberadas y formas de discriminación interrelacionadas, las cuales afectan de manera desproporcionada a las personas de bajos ingresos y son incompatibles con las obligaciones de los gobiernos en materia de derechos humanos.
En entornos donde no se satisface la necesidad de servicios de aborto seguro, los costos de brindar atención postaborto para tratar complicaciones que de otro modo serían evitables pueden constituir una carga enorme para los sistemas de salud. En los PIBM, cuando las mujeres no pueden acceder a servicios de aborto seguro, los sistemas de salud incurren en gastos de millones de dólares para tratar los casos de complicaciones postaborto que resultan de la denegación del acceso a los servicios de aborto seguro. En este contexto, invertir plenamente en los servicios de aborto seguro reduciría estos costos para los sistemas de salud y liberaría recursos que podrían destinarse a satisfacer otras necesidades.
Defensa del derecho a acceder a servicios de aborto seguro
Garantizar el acceso a los servicios de aborto seguro es, fundamentalmente, una prioridad en materia de salud pública y derechos humanos. Los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger los derechos de las mujeres a la salud, la autonomía corporal y la dignidad. La atención al aborto seguro se reconoce como un servicio de salud fundamental, y no existe ningún motivo médico por el que un aborto deba ser inseguro. Las directrices actuales de la OMS sobre la atención para el aborto de 2025 también dejan claro que un aborto puede autogestionarse de manera segura fuera de un centro de salud mediante el uso de medicamentos, siempre que la persona tenga acceso a información precisa, medicamentos de calidad y el apoyo de un profesional de salud capacitado, si así lo desea o lo necesita.
La Calculadora de aborto seguro define todos los servicios de aborto seguro como aquellos que abarcan el acceso a información precisa, asesoramiento y servicios prestados dentro del sistema de salud formal. Aunque la calculadora no incluye actualmente la autogestión del aborto con medicamentos en sus estimaciones de los servicios de aborto seguro (ya que no se dispone de datos suficientes para cuantificar su uso a nivel poblacional), es fundamental que las personas que autogestionan un aborto tengan acceso a estos servicios si los desean o los necesitan.
Para hacer realidad el derecho a acceder a servicios de aborto seguro, no solo es necesario que el aborto esté garantizado por ley, sino también que las políticas generales y los sistemas de salud creen un entorno que permita que todas las personas que necesiten servicios de aborto seguro de calidad puedan acceder a ellos en la práctica. En reconocimiento de los vínculos fundamentales que existen entre el aborto seguro, la justicia social y la igualdad de género, los defensores de SDSR han realizado enormes esfuerzos para consagrar los servicios de aborto seguro en marcos normativos internacionales, regionales y nacionales más amplios centrados en la salud, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.† La Calculadora de aborto seguro puede respaldar a quienes luchan por garantizar el acceso al aborto seguro para todas las personas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos feministas, los defensores de la salud y los responsables políticos aliados.
Una herramienta para los defensores: Cómo utilizar la Calculadora de aborto seguro
Para garantizar un futuro en que el acceso a los servicios de aborto seguro sea una realidad para todas las personas que lo necesiten, es fundamental seguir desarrollando un conjunto de herramientas de defensa del aborto seguro a nivel mundial que se adapte a los públicos clave, incluidos los responsables de la toma de decisiones financieras y los encargados de la ejecución presupuestaria. Debido a que proporciona evidencia de que la integración de los servicios de aborto seguro en los sistemas de salud pública reduce drásticamente las complicaciones y alivia la presión sobre los recursos, la Calculadora de aborto seguro respalda a los defensores y a los responsables políticos a la hora de justificar la inversión en servicios de aborto seguro.
Los 117 países incluidos en la Calculadora de aborto seguro representan una amplia y diversa gama de contextos jurídicos, sociales y políticos para el acceso al aborto y la prestación de servicios de aborto, que van desde los menos restrictivos hasta los más restrictivos. La calculadora puede utilizarse para respaldar diversas iniciativas de incidencia política orientadas a integrar o ampliar el acceso a los servicios de aborto seguro, entre ellas:
- Destacar ante las partes interesadas de los ministerios de finanzas y los responsables de la toma de decisiones presupuestarias que los recortes en la financiación de SDSR y la falta de inversión en los servicios de aborto seguro generan mayores costos financieros para los sistemas nacionales de salud, además de costos devastadores para las mujeres, su familia y las comunidades en general.
- Defender la integración de los servicios de aborto seguro en los planes de cobertura de salud universal.
- Fortalecer la prestación de servicios de aborto seguro en contextos humanitarios y reconocer los servicios de aborto seguro como un componente esencial de los paquetes de servicios humanitarios, fundamental para reducir la mortalidad materna.
- Respaldar los mensajes sobre los beneficios financieros que se obtendrían por medio de los proyectos de ley y las políticas propuestos que buscan ampliar los servicios de aborto seguro.
- Exigir la rendición de cuentas del gobierno destacando los costos de no garantizar el acceso generalizado a los servicios de aborto seguro en contextos donde existen fundamentos legales para el aborto, pero siguen existiendo obstáculos para el acceso.
Ampliación de los servicios de aborto seguro en tiempos de escasez de recursos
Restringir el acceso a los servicios de aborto seguro tiene consecuencias graves, aunque evitables, que ponen en peligro la salud de las personas, aumentan la mortalidad materna y perjudican a las comunidades. La prestación de servicios de aborto seguro es vital para la salud y el bienestar de la población; sin embargo, las inversiones en servicios de aborto seguro enfrentan amenazas importantes y cada vez más graves de recortes, en un contexto de reducción de la financiación mundial para la salud y de medidas de austeridad. Existe una larga y perjudicial historia de descuido de las intervenciones fundamentales en materia de SDSR, como los servicios de aborto seguro, por parte de las políticas tradicionales de salud y desarrollo. A medida que los graves déficits de financiación de la salud a nivel mundial ponen en peligro los presupuestos nacionales, y los gobiernos enfrentan presiones cada vez mayores para priorizar ciertas intervenciones de salud sobre otras, existe un mayor riesgo de que los avances logrados hasta ahora se reviertan o se pierdan por completo.
Los movimientos feministas y de SDSR a nivel mundial ya se han enfrentado a estos desafíos anteriormente y saben que las pruebas son inequívocas: proporcionar servicios de aborto seguro es considerablemente menos costoso que tratar las complicaciones de un aborto inseguro. Sin embargo, los recientes recortes presupuestarios a nivel mundial han reavivado los llamamientos a favor de enfoques “pragmáticos” para la financiación del desarrollo y la priorización presupuestaria; estos van desde la priorización de la ayuda en función de intereses económicos o estratégicos hasta la completa instrumentalización de la ayuda exterior para impulsar una agenda que restringe explícitamente los servicios de salud, la autonomía corporal y la equidad para todas las personas. En este entorno actual de reducción de la solidaridad a nivel mundial, la Calculadora de aborto seguro pone a disposición de los defensores y los responsables políticos datos sobre costos y beneficios para la salud, con el fin de mostrar que el único enfoque pragmático para la financiación de la salud y el desarrollo a nivel mundial debe ser aquel que se centre en los derechos reproductivos y la autonomía corporal.
Footnotes
*Se utiliza el término “mujeres” al hacer referencia a estudios o hallazgos específicos, ya que es posible que las fuentes de datos (como las encuestas de hogares representativas a nivel nacional) no proporcionen detalles más allá de indicar el sexo de las personas encuestadas o solo recopilen información sobre las mujeres. La población de personas que pueden quedar embarazadas y tener un aborto también abarca a los hombres transgénero y a las personas de género no binario.
†Consulte, por ejemplo, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), el Protocolo de Maputo (2003) y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013).